En las páginas de un importante diario se informó de que un actual ministro, también ministro en un pasado presente, ha sido acusado, junto a un ex alto cargo del partido de ambos políticos, de haber ofrecido una importante cantidad de dinero a un antiguo policía, incriminado por actos de terrorismo desde el Estado, a cambio de que modificase una declaración suya de la que podrían derivarse implicaciones criminales de otros ex-cargos gubernamentales o de importantes líderes del partido. Durante los días siguientes a la aparición de dicha noticia, no se ha producido, en relación con el hecho denunciado, ninguna acción judicial de oficio, ningún desmentido oficial, ninguna querella o anuncio de ésta, ni tampoco ningún abundamiento o corrección por parte del aludido medio. ¿Hasta dónde llega el nivel jurídico, moral y político del país en cuestión?
